ENCUENTRO ORGANIZADO POR LA AEF SOBRE “FEDERALISMO Y PROTECCIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR”
La reforma de la financiación debe orientarse a garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos.
El lunes 7 de abril, en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, tuvo lugar un Encuentro Federal organizado por la Asociación por una España Federal (AEF), con la celebración de dos mesas de debate sobre el federalismo y los servicios públicos.
La jornada fue inaugurada por el presidente de la AEF, Nicolás Sartorius, que inició su intervención aludiendo a la situación excepcional que se vive en el mundo como consecuencia de la guerra arancelaria provocada por el Gobierno de Trump. Después de salir al paso de quienes definen la democracia española como una democracia liberal -“con la Constitución en la mano, una de las más avanzadas de Europa, España es un Estado social y democrático de derecho; y nuestra democracia es una democracia social, no liberal”-, Nicolás Sartorius advirtió que “somos un país de libertades democráticas, pero también de derechos, y es esta democracia social de derechos la que quieren cargarse Trump, Putin y Musk”.
Sartorius destacó la necesidad y oportunidad de este Encuentro, “porque estamos observando pulsiones claras de erosión del Estado social en algunas comunidades autónomas, ya que de ellas depende, esencialmente, el buen funcionamiento y la solvencia de los servicios públicos como la sanidad o la educación. “Un dato relevante, que está siendo objeto de debate y preocupación en los últimos meses, es la constante aparición de universidades privadas de dudosa reputación y calidad”. Y así las cosas, la Administración Central no puede desentenderse si queremos frenar esta deriva de universidades chiringuito. “Para ser fieles a la Constitución tenemos que caminar hacia un federalismo social, y para ello no conozco otro camino que el unir fuerzas, organizarse y movilizar a la ciudadanía; y en el horizonte inmediato aparece una primera cita, que son las concentraciones por Europa y la democracia frente a las amenazas de Trump y Putin, que tendrán lugar en las principales ciudades europeas y españolas. En Madrid se celebrará el 11 de mayo, a las 12 horas”, concluyó Sartorius.
Primera mesa de debate: Las vías necesarias para alcanzar un modelo federal en España
Tras la intervención del presidente de la AEF, su puso en marcha la primera mesa de debate moderada por la titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada y presidente de Federalistas de Andalucía, Adoración Galera Victoria. El catedrático de Derecho Constitucional de la UPV y presidente de Federalistas de Euskadi, Alberto López Basaguren, afirmó que “aun siendo conscientes del escaso consenso político que existe en España, creo necesario e imprescindible un pacto federal constitucionalizado”; por su parte, el profesor titular de derecho Constitucional de la Universidad de Murcia y presidente de los federalistas de aquella comunidad, Germán Teruel Lozano, destacó el espíritu federal de la Constitución Española, que puede y debe ayudar a construir un acuerdo de futuro. La presidenta de Federalistas del País Valencià y profesora de Derecho Constitucional, Zulima Pérez i Seguí, defendió un federalismo que “combine autogobierno y gobierno compartido, apelando a que la singularidad de las competencias de las autonomías sea compatible con la lealtad institucional”. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, José Antonio Montilla Martos, precisó que “aunque con frecuencia hablamos de un estado cuasi federal, faltan los dos elementos básicos para un funcionamiento federal: órganos y procedimientos. La ausencia de un órgano de representación territorial como tienen en Alemania, es determinante”. Finalmente, y con el objetivo de federalizar la política española, la moderadora Adoración Galera cerró el debate de esta primera mesa, abogando porque las distintas instancias de gobierno garanticen el buen funcionamiento de los servicios públicos.
Segunda mesa: El funcionamiento de los servicios públicos del estado de bienestar en un contexto federal.
Esta segunda mesa fue moderada por el catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y presidente de Madrid Federal, Jesús Ruiz-Huerta, que abrió la mesa afirmando que el reparto de competencias entre el Estado y las CCAA ha sido, en realidad, un reparto territorial del poder. El debate se inició con la intervención de la profesora de Ciencia Política, Sandra León Alfonso, que llamó la atención sobre el elevado número de ciudadanas y ciudadanos que desconoce que las principales competencias que definen el Estado de bienestar -como sanidad o educación- corresponden a los gobiernos autonómicos. Sandra León criticó que todavía sin aclararse “el grado de vinculación de los acuerdos que se toman en las conferencias sectoriales”. El profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cantabria y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria entre 2003 y 2011, Ángel Agudo San Emeterio, puntualizó como, en ocasiones, “la cercanía de la gestión de los servicios a la ciudadanía, hecho en sí mismo positivo, no evita presiones oportunistas de los poderes locales, y defendió que las ayudas del Gobierno central a las CCAA para mantener y desarrollar los servicios públicos deben condicionarse al cumplimiento de los objetivos marcados”. La doctora en Economía por la London School, Montserrat Coldeforns i Sol, abogó por entender las conferencias de presidentes, las conferencias sectoriales o las comisiones en el Senado, “como el mejor instrumento para practicar una cultura federal”. El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo Fernández, fue tajante al denunciar que “falla la transparencia y la cooperación en el funcionamiento de los servicios públicos”, y puso el ejemplo de la Ley de Vivienda, entre otros, para advertir que si la ley no la aplican las CCAA debe facilitarse que la apliquen los ayuntamientos y si tampoco quieren lo ayuntamientos, que la aplique el Gobierno central. El sistema debe garantizar que se cumpla”. El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Diego Martínez López, reflexionó críticamente sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, “que se ha convertido en un órgano inoperante, solo de ruido”, y avanzó los criterios para una financiación más justa y equitativa de los servicios públicos. Jesús Ruiz-Huerta dio por finalizada la jornada a las 14 horas, después de tres horas y media de debate y un descanso de veinte minutos.